En Chiapas la acción contrainsurgente surgió en 1995, tras la ofensiva militar del 9 de febrero, por parte del Ejército mexicano contra el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), esto bajo la estrategia de acción del gobierno mexicano contenido en el Plan de Campaña Chiapas 94’.
La intervención del gobierno mexicano tiene la finalidad de destruir el proceso de autonomía y resistencia; ésta ha ido cambiando sin apartarse del guión del plan de campaña referido. Por lo menos hay dos etapas generales:
a) La acción de confrontación directa con la creación, formación y financiamiento de los grupos paramilitares en los 90’. Las acciones de los grupos paramilitares tienen como objetivo el control de un territorio determinado, operan ocupando los caminos, destruyen, queman viviendas y plantíos, atemorizan a la población con amenazas de muerte, realizan emboscadas.
Los paramilitares fueron impulsados, armados y entrenados desde el gobierno y el Ejército mexicano. La intención de estos grupos ha sido enfrentar directamente a los indígenas que simpatizan con el EZLN o con una organización independiente.
"Son nuestros propios hermanos y familiares, indígenas, campesinos, pobres, que los entrena el gobierno, les da su arma y les dice cómo van a actuar",
"Son entrenados para ser policías, soldados y les gusta tener dinero",
"Son entrenados por la seguridad pública y los militares, ellos mismos les dan la ropa, hacen un trabajo igual al de ellos" (Desplazados del municipio autónomo San Pedro Michoacán)
b) A partir de cambios del poder político en México y en Chiapas, ante la llegada del panismo en el poder y los gobiernos camaleónicos de Chiapas, en la inclusión de oportunistas de organizaciones sociales y no gubernamentales a los distintos órganos del gobierno, se profundizó una Guerra Integral de Desgaste, consistente en parar la resistencia de los pueblos con la distribución estratégica de los programas sociales, cooptación y la continuidad del despojo territorial que está en el control de los pueblos indígenas. Se reactivan conflictos comunitarios en clara confrontación con grupos de corte paramilitar como la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) y de grupos paramilitares como Paz y Justicia.
Los rostros del poder contrainsurgente, convertido en esta guerra se actualizan y los gobiernos federal, estatal y municipal mantienen en impunidad los crímenes de lesa humanidad que se cometieron por los asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamientos internos, masacres, entre otras atrocidades perpetradas bajo el cobijo y protección del Estado mexicano, perpetuando la impunidad que la sustenta hasta ahora y que está destinada a seguir con esta historia de horror, si no le ponemos un ¡Ya basta! colectivo desde los pueblos que resisten.
Pedro Faro
Jovel, Chiapas
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